Por Luis Felipe Céspedes. Es necesario construir una institucionalidad robusta donde se sancione a quienes incurran en conductas contra la competencia.
Los consumidores chilenos han tomado conciencia -gradualmente- acerca de la importancia de que sus derechos sean respetados, así como de los beneficios que les trae la existencia de mercados competitivos.
La competencia es y debe ser el motor de nuestra economía. A partir de ella se configuran mercados más dinámicos donde las empresas deben adaptarse permanentemente para enfocarse en satisfacer las diversas preferencias de consumidores exigentes, que demandan bienes y servicios de la mejor calidad y al menor precio posible.
Asimismo, la competencia crea innovación, que es otro pilar fundamental para que nuestro país pueda alcanzar un desarrollo económico sustentable.
Las experiencias exitosas en economías desarrolladas nos ilustran que para garantizar que los beneficios de la competencia se hagan realidad, es necesario construir una institucionalidad robusta donde se sancione a quienes incurran en prácticas anticompetitivas.
El más grave de dichos ilícitos es la colusión, calificada como el cáncer de la economía de mercado y que afecta especialmente a consumidores y a empresas de menor tamaño.
Como país debemos ser capaces de sancionar las malas prácticas empresariales y las pillerías que afecten la transparencia y la libre competencia, es un requisito básico para construir un desarrollo equilibrado del país y creemos que eso tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía.
Hoy en el Congreso se tramita un proyecto de ley gubernamental que apunta a poner al día a nuestro sistema de defensa de la libre competencia con los más altos estándares internacionales de los países OCDE, en especial para que Chile cuente con herramientas adecuadas para disuadir y sancionar la colusión como corresponde.
Las dos propuestas más relevantes que contempla el proyecto en relación con el combate a la colusión son el incremento del límite máximo de las multas aplicables y la criminalización de la colusión.
En materia de multas, el proyecto plantea que estas puedan ascender a una suma equivalente hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción, o hasta el 30% de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos y/o servicios asociada a la infracción durante el período por el cual esta se haya extendido. De esta manera, nos aseguraremos que la multa sea suficiente para desincentivar a las empresas a tomar parte en una colusión.
Todos hemos sido testigos cómo en el caso de colusión de las empresas productoras de pollo, las multas contempladas en nuestra legislación resultaron absolutamente insuficientes de cara a los beneficios obtenidos por las empresas que dejaron de competir.
Por otra parte, el proyecto de ley convierte a la colusión en un delito penal. Con esta propuesta, nuestra legislación estará en condiciones de disuadir a los ejecutivos, que son quienes permiten que las empresas se involucren en una colusión. La pena de cárcel de entre cinco años y un día a diez años, así como las inhabilidades por hasta cinco años para desempeñar cargos u oficios públicos, de director o gerente en empresas del Estado o en sociedades anónimas abiertas, así como cualquier cargo directivo en asociaciones o colegios profesionales, resultarán ejemplarizadoras y justas en consideración a los graves daños que los carteles provocan en la confianza de nuestras economías.
La criminalización de la colusión es la vía más eficaz para poder disuadir y sancionar a quienes opten por desafiar las reglas más básicas que deberían regir en nuestros mercados, cuestión que comparte una mayoría política y técnica transversal y que se ha ratificado en el debate parlamentario.
El reciente veredicto absolutorio en la arista penal del Caso Farmacias demuestra la idoneidad de la propuesta del Gobierno. Dicho veredicto puso de relieve la ausencia en nuestra legislación de un tipo penal que sancione claramente a la colusión. Asimismo, es importante precisar que la prueba que se hizo valer ante el tribunal no provino de las facultades con que hoy cuenta la Fiscalía Nacional Económica, pues ellas no existían en nuestro ordenamiento jurídico a la fecha del caso en cuestión.
Finalmente, esta iniciativa posee una clara dimensión pro crecimiento, ya que los países desarrollados tienen una institucionalidad con herramientas efectivamente disuasivas y que permiten sancionar de forma drástica a quienes se coludan. Sancionar las malas prácticas empresariales que vayan en desmedro de los consumidores es un requisito que hará más confiable nuestro nuevo modelo de desarrollo, ya que se basará en transparencia y en mayor competencia en los mercados. Esto redundará en mejores servicios para la ciudadanía, donde las empresas compitan por innovación, calidad de servicio y por bajos precios al consumidor; por eso confiamos en que esta iniciativa sea ley antes de finalizar el año legislativo 2015.
*El autor es ministro de Economía, Fomento y Turismo.
Fuente: Pulso.cl
